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DIARIONOTICIA.COM.DO-SD, R.D.- La primera sala del Tribunal
Superior Administrativo (TSA), que preside el magistrado Román
Hiciano Berroa, aplazó para el próximo miércoles 17 de marzo el
seguimiento del amparo del sector social, en contra de la firma del
Pacto Eléctrico.
Los abogados actuantes, Trajano Potentini y Heriberto Rivas,
informaron que el aplazamiento se fundamentó en el interés del
sector social, por incorporar en calidad de interventores forzosos,
a los ministros de la presidencia, Lisandro Macarrulla y Antonio
Almonte, de energía y minas, conjuntamente con sus respectivos
ministerios, y al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio
Taveras.
Asimismo, el Consejo Económico y Social (CES), representado por la
prestigiosa oficina de abogados de Fabiola Medina Garnes, no se
opuso, ni a la intervención forzosa, ni al pedimento de aplazamiento,
por entender que se trata de un derecho y una medida de instrucción,
propia del proceso.
Pontetini explicó sobre la procedencia e incorporación de otros
demandados en el amparo (Ministros de la presidencia y energía y
minas), se sustenta en que han jugado un papel estelar en las
discusiones del pacto, siendo incluso hegemónica su participación,
en el proceso de discusión como pasados representantes, el primero
del sector empresarial y el segundo del Partido Revolucionario
Moderno, hoy día con altas responsabilidades públicas, que lo
ubicaron indefectiblemente en las diligencias finales y coordinación
de la ilegal e ilegítima firma, el pasado jueves 25 de febrero, en
el Palacio Nacional.
El jurista también recordó que el senador por la provincia de Santo
Domingo, señor Antonio Taveras, fue uno de los actores convocados
por decreto del Poder Ejecutivo, para las discusiones del Pacto
Eléctrico, en su condición, en aquel entonces, de representante de
un sector del empresariado dominicano, teniendo una participación
activa, de críticas y aportes, los cuales al día de hoy se mantienen,
resultando interesante y edificante su participación, en el proceso
en cuestión.
Otro elemento que justifica la inclusión del ministerio de la
presidencia en el referido amparo, lo es su condición de jefe
jerárquico del Consejo Económico y Social, en virtud de la ley que
lo instituye y desarrolla No. 142-15, de fecha 12 de agosto del
2015, reafirmando en su artículo uno, su condición de dependencia
del Poder Ejecutivo, concretamente adscrita al ministerio de la
presidencia, todo ello en consonancia con el artículo 251 de la
constitución, mediante el cual se dispone que: Consejo Económico y
Social. La concertación social es un instrumento esencial para
asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y
otras organizaciones de la sociedad en la construcción y
fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá
un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo
en materia económica, social y laboral, cuya conformación y
funcionamiento serán establecidos por la ley.
Finalmente, los accionantes reiteraron que radican y llevaran este
amparo hasta las últimas consecuencias, por violación a los derechos
fundamentales de los usuarios del sistema electrico, al debido
proceso de ley y administrativo, a la buena administración, a la
constitución dominicana y a las leyes Nos. 107-13, 1-12. 142-15,
respectivamente sobre los derechos y deberes de la administración
frente a los administrados, la estrategia nacional de desarrollo y
la que instituye el Consejo Económico y Social.
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