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DIARIONOTICIA.COM.DO-SD, R.D.- A solicitud del Ministerio
Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
envió a juicio de fondo al mayor general retirado Pedro Rafael Peña
Antonio, exministro de Defensa, y al coronel Carlos Piccini Núñez,
exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana
(FAD), por recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por
la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida
como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
También, dictó apertura a juicio contra Daniel Aquino Hernández, de
la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.),
que representa dicho imputado, así como de la compañía Magycorp, S.
A. (hoy Magicorp, S.R.L).
En tanto, fue dictado auto de no ha lugar a juicio respecto de los
imputados Félix del Orbe Berroa e Ysrael Abreu Rosario.
Con relación al empresario Daniel Aquino Méndez, otro de los
imputados en el caso de soborno, fue separado del proceso que se
encuentra en la etapa preliminar, quedando fijada la audiencia en su
contra para el 15 de abril próximo, por asuntos de salud.
La decisión fue adoptada por la jueza del Cuarto Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, Raquel Astacio, luego de admitir
parcialmente la acusación presentada por el Ministerio Público que
estuvo representado por las fiscales Rosa Alba García y María
Melenciano.
Por este caso de corrupción la empresa Embraer, que admitió la
entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40
mil dólares al Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) procedió con su sometimiento a la justicia
por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la
Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la
antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado
dominicano.
Durante la investigación del caso, iniciada en el año 2016, el
órgano de justicia logró obtener pruebas suficientes que vinculan a
los imputados a este acto de corrupción administrativa.
Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en
el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios,
examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización
e indagatoria sobre el origen de bienes.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un
comunicado de prensa, donde destaca que sigue firme en sus
propósitos de procurar justicia y lograr una sentencia ejemplar en
contra de los procesados.
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