Por: Diarionoticia.com.do
Viernes 26 de junio de 2020  
FJT asegura cierre y virtualización de la justicia daña la economía y viola derechos constitucionales

Trajano Potentini

DIARIONOTICIA.COM.DO-SD, R.D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), aseguró que el cierre desproporcionado y los planes de virtualizar la justicia casi en su totalidad, daña la economía y viola derechos constitucionales de los dominicanos; quienes hoy día se encuentran restringidos y con un escaso acceso a los servicios más básicos e indispensables para la vida en sociedad.

La entidad cívica ve con mucha preocupación la poca movilidad y cuello de botella existente en el sector financiero con los contratos e hipotecas, entre otros servicios de la jurisdicción inmobiliaria y de estamentos también pertenecientes al Poder Judicial, hoy con un acceso muy limitados para los ciudadanos y usuarios que gestionan alguna operación comercial.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, explicó que no se trata solo del derecho al trabajo, que les asiste a los profesionales de la toga y el birrete, sino también de la economía del país, que requiere para su operatividad, tributar y hacer negocios con una logística efectiva y un clima de facilidades, en la actualidad ausente y más grave aún sin contar con la indispensable intermediación de la justicia y el profesional del derecho, incluyendo abogados, notarios, alguaciles y otros.

Potentini reconoció que perfectamente podría ir consensuándose y preparando la necesaria reingeniería legislativa y administrativa, que habría que hacer para aprovechar el uso y las virtudes de la tecnología, específicamente en las áreas donde la naturaleza y particularidad de los servicios así lo permita, fundamentalmente en operaciones de mero trámites, tales como acoger el testimonio de personas que están fuera del país, consulta de expedientes, recepción de documentos, deliberación de jueces de forma virtual, entre otros; no así para la mayoría de las audiencias penales, en las cuales, al igual que otros servicios estarían sometidos a un mayor rigor de plazos y garantías constitucionales, como el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, escenarios donde no sería viable la virtualidad.

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